«Coyuntura»
Pero esta coyuntura no nos debe frenar sino todo lo contrario.
Es necesario que el PCE y las y los comunistas sigamos cohesionando el espacio político e impulsando la política de convergencia de la izquierda y la unidad popular.
Cuando dábamos por concluida la peor fase de
la pandemia de la COVID-19 y remontábamos los índices de empleo y actividad económica, la guerra en Ucrania nos enfrenta a una nueva crisis humanitaria y política con igualmente complicadas consecuencias laborales económicas y sociales.
La más grave, la crisis energética provocada por el incremento de los precios de los hidrocarburos, especialmente el gas y el petróleo, y el consecuente y abusivo incremento de las tarifas eléctricas, debido al segmentado sistema europeo de cálculo de la tarifa eléctrica, que tarifica toda la energía eléctrica según el más caro de los componentes de su obtención.
A pesar que el desempleo ha bajado a índices que no se conocían en España desde hace más de 15 años y que, debido la reforma laboral, ya más del 50% de los contratos de trabajo en nuestro país son contratos estables, una inflación desorbitada debido al incremento de la electricidad está a punto de provocar una peligrosa situación de estancamiento económico que, sin duda, dificultará la intensificación de las políticas de mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.
Paralelamente en todo el mundo se expanden y avanzan las fuerzas políticas de la ultraderecha que ya han consolidado importantes espacios de gobierno en Europa, como es el caso en Polonia, Hungría, y Austria. El avance del neo fascismo, la ultraderecha y el autoritarismo pone nuevamente en riesgo todas las conquistas obreras, populares y democráticas de los últimos cien años y nos muestran que incluso los derechos que creíamos más consolidados deben ser defendidos permanentemente, frente a los intentos de las oligarquías de acabar con ellos.
Los avances de la izquierda en España en los últimos años, como consecuencias de procesos de convergencia política surgidos después de las movilizaciones del 15 de mayo del 2011 contra la crisis económica iniciada en 2008, han sido contestados por las oligarquías económicas con el impulso a nuevas fuerzas políticas en la derecha. El objetivo ha sido contrarrestar y frenar el avance del espacio político de Unidas Podemos, una de las pocas expresiones de la izquierda transformadora en gobiernos de la Unión Europea.
Hoy en España el acceso de la ultraderecha a los gobiernos es una realidad, por primera vez después el fin de la dictadura franquista, con la constitución del gobierno de coalición del Partido Popular y Vox en Castilla y León.
Paralelamente, hemos asistido a un rápido y traumático cambio de liderazgo en el Partido Popular ante la evidencia de que la deriva protagonizada por Pablo Casado podía llevar a su partido a la pérdida de la hegemonía política en la derecha en favor de Vox. No deja de llamar la atención que la excusa para proceder el golpe de mano interno para la sustitución de la dirección del Partido Popular haya sido la denuncia por su ex presidente de un grave caso de corrupción protagonizado por la familia de Isabel Díaz Ayuso.
El Partido Popular es estructuralmente corrupto y sus lideres son incapaces de sustraerse a la dinámica de apropiación de lo publico para sus intereses particulares, máxime cuando parece que sus permanentes corruptelas no le suponen un coste
electoral. La nueva dirección de Feijóo ha cambiado sus formas y el tono, pero sigue siendo el mismo Partido Popular que mantiene la estrategia de coordinación con la ultraderecha. El acuerdo de Gobierno en Castilla y León se ha sellado ya estando el Partido Popular bajo el control de Feijoo.
La ultraderecha expande su discurso político y cultural sin complejos y lo más peligroso es que ese discurso arraiga entre importantes sectores sociales, no necesariamente pertenecientes a las oligarquías económicas ni a las clases más altas. Expanden permanentemente un discurso antisindical y contra los derechos de los trabajadores y de las mujeres. Desprestigian a toda expresión de organización social, tachándola de “chiringuitos”. Para la ultraderecha cualquier derecho conquistado por las clases populares, incluso los generalizados a cualquier sector social, pueden ser anulados si obstaculizan el mantenimiento de los privilegios de las minorías económicas y las élites sociales.
La nueva dirección del Partido Popular ha hecho bandera política de dos propuestas, las medidas de apoyo a las familias y otra consistente en bajar los impuestos, renunciando a recaudar entre los que más tienen en un momento de intensificación de la crisis económica y social
El discurso populista de recortes fiscales oculta el negativo efecto que tendrían esas bajadas de impuestos para las clases medias y populares, trabajadores todos ellos, y en contra posición, los efectos positivos que tendría para todos aquellos que tengan ingresos o salarios superiores a 50.000 euros al año. En el primer caso las propuestas de Feijoo apenas suponen una reducción de 30 euros en la cuota a pagar en la declaración de IRPF, mientras que en el segundo segmento el de los que ingresan más de 50.000 euros al año esa reducción de la cuota fiscal a abonar superaría con los 1.000 euros.
Lo que en ningún momento aclara el Partido Popular es las partidas de los Presupuestos del Estado, y en especial de ayudas sociales o laborales, qué va a dejar de financiar en caso de que pudiera aprobar sus reducciones en la recaudación fiscal. ¿Acaso pretende dejar sin efecto o rebajar las prestaciones familiares y de cuidados por hijos de que disfrutan los padres y madres de este país desde la constitución del gobierno de coalición? ¿Piensa recortar los bonos energéticos para familias vulnerables o el dinero disponible y destinado a el abono de salarios de los trabajadores cuyas empresas se han acogido a los ERTES? ¿O quizás va a eliminar el ingreso mínimo vital o a reducir el importe de la prestación por desempleo?
Una reforma fiscal que únicamente explica la reducción de recaudación pero que no dice cuáles son los recortes en prestaciones y derechos que provocaría, no cabe duda que es una reforma fiscal que no atiende las necesidades de las clases trabajadoras ni de las familias.
El PCE e IU debemos impulsar que Unidas Podemos intensifique el trabajo en el gobierno de coalición para que el PSOE levante cualquier impedimento para la inmediata aprobación de la Ley de Vivienda que permite la regulación del precio máximo de alquileres, de la Ley de Familias propuesta por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, o de una reforma fiscal progresiva, que haga que paguen mas quienes mas ingresan. Y debemos conseguirlo rápidamente para evitar la utilización demagógica de cualquiera de estas reivindicaciones por la nueva dirección del Partido Popular.
Hoy ha quedado acreditada la falsedad de las agoreras advertencias de las tres derechas sobre las negativas consecuencias que sobre el empleo tendrían las subidas del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros o la reforma laboral. El Partido Popular, Ciudadanos y VOX, las organizaciones empresariales y la banca, llegaron advertir que la subida del SMI destruiría empleo, cuando la realidad es que en estos momentos España tiene el desempleo más bajo desde 2008, a pesar de la pandemia y la guerra.
También advirtieron de los supuestos efectos perniciosos de la reforma laboral, intentando incluso quitarle la dirección del proceso de diálogo social al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Tres meses después de haberse aprobado en el Parlamento ya hay más trabajadores indefinidos que temporales en España. Pero la ampliación de los derechos sociales y laborales debe continuar en lo que resta de legislatura con la perspectiva de impedir que los incrementos causados por la subida del salario mínimo o la recuperación de la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa -acordado en la reforma laboral- queden sin efecto real debido a una elevada inflación. Por eso es imprescindible alcanzar un acuerdo de revisión salarial entre los sindicatos y la patronal, acuerdo al que sin duda debe a contribuir el gobierno de coalición.
Una hipotética negativa de la patronal a cerrar dicho acuerdo debe impedirse con la convocatoria de movilizaciones laborales y sindicales que muestren que establecer mecanismos de revisión salarial claros y trasparentes es una reivindicación justa y ampliamente apoyada por trabajadores y trabajadoras, el único mecanismo para impedir que la crisis energética y la inflación provocada por la guerra de Ucrania dejen sin efectos las conquistas conseguidas por la clase obrera en estos tres últimos años.
Y para ello, no cabe duda que es imprescindible acabar con la guerra en Ucrania de forma inmediata. Una guerra en la que realmente se están enfrentando en suelo europeo dos de las principales potencias militares: los Estados Unidos y Rusia.
Rusia continúa financiando la guerra mediante la venta de gas a la Unión Europea, a pesar de las sonoras declaraciones de esta institución advirtiendo sobre sanciones económicas a Rusia, sanciones que en la práctica están devastando la economía de los países europeos que las han acordado, cómo se comprueba con la subida del precio de la electricidad y la consiguiente espiral inflacionista que afecta duramente a las clases trabajadoras.
A su vez, la guerra se ha convertido ya en un gran negocio para la industria armamentística y en especial en un gran negocio para los Estados Unidos, siempre ocupados en incrementar las ventas e ingresos de su poderoso conglomerado militar-industrial. También los Estados Unidos están utilizando este conflicto para incrementar su venta de gas a los países europeos.
España ya tiene desde marzo de 2022 como principal proveedor de gas a los Estados Unidos, a pesar de tratarse de un gas obtenido mediante fracking, técnica sumamente destructiva para el medio ambiente y que necesita un transporte a larga distancia desde EEUU a Europa, que incrementa la huella de carbono e incrementa el precio final por su previa licuación para el transporte y su posterior regasificación
Hay amplio acuerdo en reconocer que la sociedad española se sitúa muy mayoritariamente a favor del reconocimiento del derecho a la libre determinación del Sahara y a encontrar una solución al actual conflicto que garantice el reconocimiento de la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática. Por ello resulta más incomprensible que en estos momentos el PSOE haya decidido ser la única fuerza el escenario político español – como se comprobó con la fijación de postura por el Congreso a favor del derecho de libre determinación saharaui- que haya variado su posición respecto al apoyo de las resoluciones de las Naciones Unidas como la via mas realista y acorde con la legalidad internacional para solucionar el conflicto. Y precisamente este incomprensible giro se produce en el momento en que mas falta hace certeza sobre el mantenimiento del suministro del gas procedente de Argelia a España, suministro que ya se ha complicado por sumarse el PSOE a la posición unilateral de Marruecos y confrontar gravemente por ello con Argelia, el país que hasta hace un par de meses era el principal suministrador y más cercano de gas a España.
En esta coyuntura es realmente irresponsable que haya lideres políticos hablando de que la guerra en Ucrania puede durar años, justificando así los envíos de armas y criticando simultáneamente -por ilusos en el mejor de los casos y por pro rusos en el supuesto más torticero- a quienes critican la prolongación del conflicto y piden urgentemente la paz
Hace unos días la ministra de Defensa, Margarita Robles, nos sorprendía preguntando en público si la ministra de Unidas Podemos Ione Belarra iba a convencer a Putin para acabar con la guerra. La ocurrencia de Robles resulta más inoportuna aún considerando el actual escándalo sobre la posible escucha por parte del CNI a decenas de políticos catalanes y vascos, entre otras personas, actuación nada respetuosa con los derechos fundamentales y que aún no ha tenido explicación política alguna por la ministra de Defensa. A mayor abundamiento, es una provocación política espiar a los propios aliados de legislatura, es decir, a las fuerzas políticas con las que es necesario alcanzar permanentemente acuerdos para aprobar en el Congreso de los Diputados los proyectos de leyes remitidos por el Consejo de Ministros del Gobierno de coalición.
En todo caso, no es a los ministros o ministras de Unidas Podemos a quienes corresponde acabar con la guerra. Es la comunidad internacional a través de sus instituciones, gobiernos y en especial ministros y ministras de exteriores, quienes deben poner sobre la mesa de forma inmediata un plan de paz viable, iniciativa que debería estar impulsada y liderada por las Naciones Unidas y la OSCE. Un plan de paz que contemple el cese el fuego inmediato y el respeto por todas las partes contendientes al derecho internacional humanitario, es decir tanto a la población civil afectada por el conflicto como a los propios combatientes si quedan en situaciones de fuera de combate.
No cabe duda de que la única solución viable y duradera consiste en alcanzar un acuerdo que establezca garantías de seguridad compartida y cooperación civil sincera para todos y entre todos los países de Europa, por supuesto incluyendo a Rusia. Solo así será posible el fin de esta guerra y prevenir futuros nuevos conflictos. La misma solución que la comunidad internacional alcanzó, con una directa intervención de Naciones Unidas, en 1962 para acabar la denominada crisis de los misiles provocada por el intento de la Unión Soviética de desplegar armamento ofensivo a corta distancia de los Estados Unidos. Tan entendible resulta que la comunidad internacional garantizara en su dia que los Estados Unidos no iban a encontrarse con armamento desplegado por la Unión Soviética en sus fronteras, como debería resultar ahora que Rusia no debe soportar armamento desplegado por la OTAN en sus proximidades ni un cerco de la OTAN en sus fronteras.
Esta guerra podía haberse evitado por previsible, al ser consecuencia de la permanente expansión de la OTAN hacia Rusia desde la desaparición de la Unión Soviética tal y como nos han recordado muchas voces, incluso el anterior secretario general de la OTAN, el español Javier Solana.
Este análisis de coyuntura describe las situaciones mas difíciles y contradictorias que hemos soportado en los últimos meses. Como era de esperar cuando decimos conformar un gobierno de coalición, han sido múltiples los problemas que hemos enfrentado en una legislatura en la que la izquierda llega por primera vez a un gobierno desde la República, en una posición además de minoría. Más difíciles de gestionar esas contradicciones si cabe por la debilidad del propio espacio político de Unidas Podemos y la diversidad de actores y pensamientos que ahí confluyen.
Pero esta coyuntura no nos debe frenar sino todo lo contrario. Es necesario que el PCE y las y los comunistas sigamos cohesionando el espacio político e impulsando la política de convergencia de la izquierda y la unidad popular. En los próximos meses hay que poner en marcha el proceso político que supere los actuales limites de Unidas Podemos, su ensanchamiento, que requiere vincular a mucha mas gente, partidos y colectivos, que han estado o no dentro de UP a lo largo de todo el ciclo político anterior. Un proyecto más amplio donde volver a encontrarnos y que sea capaz de ilusionar y estimular la participación política de muchos sectores de nuestra sociedad que necesitan una herramienta renovada para organizarse.
Enrique Santiago: Secretario General del PCE
