El nuevo escenario político

“Es urgente cohesionar a todas las fuerzas objetivamente de oposición al sistema.”

Tras el final del régimen franquista en España se produjo una pugna entre las fuerzas democráticas y las autoritarias para poner en marcha un nuevo sistema político. Esa pugna finalmente fue ganada por sectores no rupturistas que desde entonces se han alternado en los sucesivos gobiernos, en sus versiones conservadora y reformista, pero siempre sin cuestionar el sistema, y más recientemente, desde la constitucionalización del neoliberalismo a través del Tratado de Maastricht y la reforma del artículo 135 de la CE, admitiendo el capitalismo en su versión financiera neoliberal, -modelo opuesto no ya al socialismo, sino simplemente a un Estado Social- como la única alternativa política posible

Esta alianza de las fuerzas no rupturistas consolidó el sistema de monarquía parlamentaria bajo la hegemonía política de los EEUU, lo que implicó tanto el ingreso en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) como en la OTAN. El PCE, atendiendo a la correlación de fuerzas realmente existente que hacía imposible la ruptura, aceptó la salida reformista a la dictadura, garantizando al menos un sistema formalmente democrático que permitiera continuar luchando para conseguir las conquistas sociales y políticas necesarias que desde siempre demanda la clase trabajadora en España.

El compromiso constitucional de construir un Estado social y plenamente democrático que garantizara todos los derechos fundamentales a todas las personas fue truncado por la consolidación de un entramado institucional y social heredado del franquismo -fuerzas armadas, policía y burocracia del Estado- y de un mapa de partidos basado en un bipartidismo imperfecto en el que las fuerzas nacionalistas conservadoras (PNV y CiU) completaban las mayorías parlamentarias. La monarquía hace tiempo que dejó de jugar un papel de equilibrio y actualmente Felipe VI se ha alineado desde el primer día de su reinado con las fuerzas más conservadoras del régimen, tanto en cuestiones políticas como sociales y económicas.

La crisis económica que estalla a partir de 2008 provoca a su vez una crisis de régimen político, contexto que exige a la izquierda un esfuerzo para avanzar en un nuevo pacto político y constitucional que obligue al Estado a garantizar los derechos sociales, económicos, civiles y políticos de los que no han disfrutado las mayorías sociales, la clase trabajadora, como ha puesto de evidente la profunda crisis social padecida en la última década. Síntomas de esa crisis del régimen también es la generalización de prácticas corruptas o la ruptura del pacto constitucional sobre el modelo territorial por la derecha centralista españolista y los partidos nacionalistas catalanes ahora abiertamente independentistas. La negociación colectiva, uno de los pilares económicos del pacto de la transición, ha sido anulada mediante la concesión de un derecho de veto en la práctica a las organizaciones empresariales, tanto por los gobiernos conservadores como por la socialdemocracia liberal que representa el PSOE. La desafección al sistema de sectores cada vez más amplios de trabajadores -incluso trabajadores especializados, técnicos y profesionales, las llamadas capas medias de la sociedad- es palpable, tras comprobar que por primera vez desde 1978 la generación más joven va a vivir peor que la de sus padres. Todo ello obliga a la izquierda trasformadora a convertirse en la alternativa política ante la falta de credibilidad de los partidos pilares del régimen, el PSOE y el PP.

La izquierda trasformadora hoy día se organiza en torno a la incipiente alianza política electoral de Unidas Podemos, que aspiramos a consolidar como proyecto de bloque histórico capaz de lograr las transformaciones necesarias que España necesita para abandonar el injusto modelo capitalista neoliberal incompatible con el disfrute por las mayorías sociales de los derechos fundamentales y con la propia sostenibilidad de la vida en el planeta.

Para el PCE es urgente cohesionar a todas las fuerzas objetivamente de oposición al sistema, para organizar la construcción de ese bloque histórico que primero garantice y expanda el contenido de los derechos sociales, económicos y laborales, y que finalmente permita una democracia plena mediante la construcción de espacios democráticos más participativos. A ese proceso lo hemos definido como proceso constituyente y requiere una amplia participación sustentada en un proceso de movilización popular que tenga como referencias el 15-M, las marchas de la dignidad, las mareas ciudadanas en defensa de los servicios públicos, las movilizaciones contra el fraude hipotecario, las huelgas generales, las protestas laborales contra la precariedad, etc.
Los poderes económicos del régimen tienen su propia estrategia, que viene siendo implementada sin pausa para consolidar los cambios institucionales, sociales y políticos que han implantado mediante las políticas neoliberales hasta convertir los derechos sociales en elementos poco más que decorativos, sin contenidos ni mecanismos de exigibilidad reales. Su único objetivo es mantener e incrementar sus privilegios, a través de políticas de liberalización extrema de la economía que implican la privatización de los bienes y servicios públicos, organizando inmensas transferencias de riqueza publica a manos privadas. La construcción de este nuevo modelo requiere de un nuevo mapa de partidos políticos que renueve la imagen de una derecha esencialmente vista como corrupta y saqueadora de lo público.

Las luchas populares y la puesta en marcha del proceso político de construcción de unidad popular ha impedido cerrar la crisis de régimen mediante la consolidación del nuevo modelo neoliberal, gracias en buena medida a que existe una fuerza política antineoliberal y defensora de una democracia política que garantice todos los derechos humanos a todas las personas, Unidas Podemos. La presencia de una fuerza alternativa que ha oscilado entre los 70 y los 40 escaños en el Parlamento es un escenario de fortaleza de la izquierda nunca visto desde la muerte del dictador, por muy imperfecto que aun sea el resultado y a pesar de todas las contradicciones que arrastramos en un proceso que todavía no ha sabido consolidar organizativamente el nuevo bloque político. El compromiso de Unidas Podemos en combatir los gobiernos no comprometidos en la defensa de los derechos sociales colectivos y los servicios públicos de calidad, permitió desalojar al gobierno del Partido Popular a través de la moción de censura que convirtió en presidente a Pedro Sánchez. En 2019 no ha existido una mayoría de las tres fuerzas de derecha que les permitiera formar gobierno y los poderes económicos y políticos no han conseguido forzar una alianza neoliberal reformista entre el PSOE y Ciudadanos.

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Las elecciones de 2019 se producen tras haber alcanzado el PSOE y UP un acuerdo para la aprobación de los PGE de 2019 junto a otras medidas que suponían un cambio de 180 grados en las políticas neoliberales que se habían venido haciendo por los gobiernos de Rajoy: subidas de impuestos a bancos y grandes empresas; garantía de actualización de pensiones de jubilación por ley; derogación de las reformas laborales que precarizaron el empleo; derogación de las reformas liberticidas de la ley de seguridad ciudadana y del Código Penal; medidas de control de los precios de los arrendamientos de viviendas; subida del SMI; etc. El gobierno de Pedro Sánchez únicamente puso en práctica el 15% de las medidas reflejadas en el Acuerdo, que finalmente no fue refrendado en el Congreso por la oposición del independentismo catalán. El resultado electoral trae como resultado una disminución del espacio electoral rupturista representado por UP respecto al conseguido en las elecciones de 2016, fruto en buena medida de la perdida de tensión social y de capacidad movilizadora de las fuerzas del cambio, pero al mismo tiempo es un resultado electoral que permite mantener abierta la política de confrontación de bloques izquierda/derecha, dificultando un pacto del PSOE con las fuerzas de la derecha y abocando a Sánchez a alcanzar acuerdos con Unidas Podemos si quiere mantenerse en la Presidencia del Gobierno.

La izquierda debe evitar que el PSOE pueda justificar un acuerdo con las fuerzas a su derecha, para lo que es necesario volver a articular la mayoría de gobierno que sacó adelante la moción de censura. Ese objetivo puede conseguirse si se alcanza un acuerdo de legislatura o si alcanzamos acuerdo de gobierno de coalición, ambos entre Unidas Podemos y el PSOE.

Pero ahora tenemos la obligación de valorar si tras el incumplimiento por el PSOE del acuerdo de PGE 2019 se puede esperar que un gobierno de estos en solitario cumpla los contenidos de un acuerdo programático de investidura.

No cabe duda de que para garantizar el cumplimiento de cualquier acuerdo es más eficaz que se conforme un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, sabiendo que este último escenario también va a ser un escenario de confrontación y contradicción permanente entre las políticas antineoliberales que presiden cualquier acuerdo programático UP-PSOE y la tendencia natural del PSOE a aplicar medidas económicas neoliberales.

Enrique Santiago Romero: Abogado. Secretrario general del PCE
Parlamentario por Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados